5 de septiembre de 2006
Parlamento de Canarias

COMPARECENCIA SOBRE LA LLEGADA MASIVA DE INMIGRANTES IRREGULARES A CANARIAS

Adán Martín Menis
Presidente del Gobierno de Canarias

Buenos días

Permítanme, señorías, que comience mi intervención con una referencia a una noticia leída en la prensa nacional hace unos días:

El pasado 25 de agosto una tromba de agua arrastró una treintena de vehículos hasta el mar en la población de Calella, en Cataluña, aunque –afortunadamente-, ninguno de los coches llevaba ocupantes. Durante cinco días, una embarcación de la Guardia Civil, otra de la Cruz Roja, junto a dos embarcaciones del cuerpo de Bomberos, siete submarinistas, un helicóptero y una dotación terrestre trabajaron sin descanso para sacar a la superficie a los turismos sumergidos.

Es reconfortante comprobar cuántos medios humanos y materiales se movilizan para recuperar una de las más preciadas posesiones del ciudadano del primer mundo: su coche.

Sin embargo, en otra zona del territorio nacional cientos de seres humanos (y digo cientos esperando que no sean miles en realidad) mueren ahogados en las aguas del Atlántico sin que nadie pueda evitarlo.... Y me pregunto, les pregunto a todos ustedes, al gobierno español, a Europa: ¿efectivamente nadie puede evitarlo? No deja de ser llamativo que ese despliegue no se produzca con la misma rapidez y profusión de medios para evitar daños en la que es la única posesión de los que se embarcan desde las costas africanas para llegar a las de Europa: su vida.

Señor presidente, señorías,

Comenzar con este ejemplo pudiera ser tachado de extremo. Pero no es menos cierto también que se trata de un ejemplo real que refleja con crudeza las contradicciones y diferencias existentes todavía entre el primer y el tercer mundo. Entre lo que vale la vida de un ser humano de primera o de tercera, dicho esto con todas las comillas que permita la ortografía. Y entre el abismo que separa la respuesta que damos a los que consideramos nuestros problemas y la que prestamos a lo que nos parece un asunto “de otros”, aunque ese asunto sea el riesgo de morir intentando escapar del hambre, la guerra y la miseria.

No sé si hace falta recordar que el dispositivo de vigilancia (y rescate, no lo olvidemos) Frontex cuenta tan sólo con tres barcos, un avión y un helicóptero. Y que con esos medios se pretende atender (y digo atender también con todas las comillas) los 2.250 kilómetros que suman las costas de Cabo Verde, Senegal y Mauritania y a los inmigrantes que se encuentran en ese espacio marítimo poniendo en peligro sus vidas.

Señor presidente, señorías

Más de veintidós mil personas han afrontado ese peligro en aguas atlánticas en lo que llevamos de año, y, afortunadamente, han podido llegar en mejores o peores condiciones a tierra canaria. Tenemos constancia de que más de quinientas no lo consiguieron, aunque sabemos que pueden ser muchos más: el mar no siempre devuelve sus presas... Y estas cifras se vuelven viejas por horas, porque la velocidad a la que suceden los acontecimientos exige una actualización permanente de los datos.

¿Cuántas víctimas más serán necesarias, cuántas fotos de cuerpos exhaustos hacen falta para que España y Europa se convenzan de que éste es un problema que nos afecta a todos y al que entre todos hemos de buscar solución?

Señorías,

Sólo durante el mes de agosto casi seis mil inmigrantes irregulares llegaron a las costas canarias, superando el total de los llegados a lo largo de todo el año 2005. Quiero resaltar que se les ha prestado atención y ayuda inmediata a todos. Con nuestros propios medios. Con responsabilidad y solidaridad. Con humanidad.

Canarias no tiene competencias –por tanto, tampoco medios, ni personales, ni materiales ni financieros- en materia de extranjería e inmigración.

Aún así, el Gobierno de Canarias ha seguido buscando una salida al problema. Y a lo largo del pasado mes de agosto el Gabinete de crisis formado para afrontarlo ha seguido manteniendo reuniones, realizando gestiones y proponiendo medidas, acciones y soluciones concretas para paliar no sólo las oleadas de cayucos en nuestras playas, sino el riesgo que corren estas personas en ese viaje infernal y los efectos que sobre nuestros servicios y estructuras sociales provoca un fenómeno descontrolado y en aumento.

El Gobierno de Canarias ha realizado gestiones ante los gobiernos de Senegal, Cabo Verde, Marruecos, etcétera, por encima incluso de sus competencias legales o de sus obligaciones jurídicas. Porque –y esto me gustaría dejarlo muy claro- no nos hemos limitado a exigir al Estado o a Europa que asuman y cumplan sus obligaciones. Creemos que a pesar de que este Archipiélago no puede firmar tratados, ni adoptar acuerdos internacionales, ni maniobrar en materia de extranjería e inmigración más allá de la asistencia humanitaria que ya damos... Creemos que a pesar de los límites estrictos que nos constriñen, estamos obligados moralmente a colaborar, trabajar y buscar soluciones conjuntas a un drama humano de enorme envergadura.

Ningún gobierno español –ni actual ni pasado-, ninguna autoridad europea, ningún gobernante africano podrá decir lo contrario. La ayuda ofrecida por el Gobierno autonómico, las administraciones insulares y municipales, la solidaridad del pueblo y los ciudadanos de Canarias con todos cuantos han llegado, así como la disposición y colaboración con cuantas iniciativas se han propuesto desde dentro y fuera del Archipiélago, y nuestra dedicación y esfuerzo en la búsqueda de soluciones, están fuera de toda duda. Como están fuera de toda duda la entrega y el trabajo de todos los que forman parte de los dispositivos que operan en Canarias: policía nacional, guardia civil, salvamento marítimo, cruz roja, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Si no hacen más es porque no se les ha dotado de personal y medios suficientes para afrontar una situación que también a ellos desborda.

Señorías,

Anunciamos hace años lo que podía llegar a ocurrir y fuimos duramente criticados por ello. Anunciamos no sólo que la inmigración en pateras y cayucos iría en aumento. Dijimos también que si el origen de estas embarcaciones fue Marruecos, después sería de países situados cada vez más al sur. Y efectivamente, el viaje comienza ya en Mauritania o Senegal: cada vez más lejos, cada vez más peligroso, cada vez más muertes.

Denunciamos –cuando las pateras llegaban masivamente a Lanzarote y Fuerteventura- que éste no era un problema de dos islas, que era un problema de Canarias y del Estado, pero fuimos acusados de alarmistas. Y nos quedamos sin voz defendiendo una política sobre inmigración para Canarias y una política para Africa que se anticipara a los acontecimientos que veíamos venir. Los ciudadanos y las instituciones de Lanzarote y Fuerteventura saben muy bien de lo que estoy hablando, porque, junto a ellos, el Gobierno de Canarias reclamó una acción inmediata y efectiva para frenar un fenómeno que ahora ha incrementado su número y su tendencia, pero que sigue siendo el mismo que denunciamos entonces.

Pedimos al Estado que consiguiera acuerdos con los países que podrían convertirse en puerta de salida de cayucos antes de que el fenómeno comenzara, pero –una vez más- no se reaccionó a tiempo. El jueves pasado se publicó que una nueva ruta podría estar comenzando en Guinea Conakry. Y seguirá –lo anunciamos y denunciamos- seguramente hacia Gambia y Guinea Bissau.

Solicitamos una entrevista específica con el presidente del Gobierno de España para tratar este tema, entrevista, por cierto, que se hizo esperar dos meses. Propusimos –y se aprobó- una resolución sobre inmigración clandestina en la última Comisión de Islas de la CRPM y trasladamos al Gobierno del Estado el acuerdo sobre control de fronteras marítimas adoptado el 9 de mayo.

Venimos exigiendo, en definitiva, que se cumplan los compromisos anunciados por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en marzo pasado. Compromisos que están en la línea de las resoluciones aprobadas por esta Cámara con motivo del Debate del Estado de la Nacionalidad y ratificados después tras el pleno monográfico sobre la llegada masiva de inmigrantes a Canarias celebrado en mayo.

Fue este Parlamento también el que definió el fenómeno de la inmigración irregular que llega a nuestras Islas como una cuestión de Estado. Los ciudadanos canarios lo consideran uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos. El resto de ciudadanos españoles, también.

Porque las migraciones irregulares son, en primer término, el resultado de una tragedia. Los desplazamientos de población en el mundo están provocados por causas diversas: la pobreza, la presión demográfica, los conflictos étnicos, la guerra, la destrucción ambiental. Y se producen siempre desde países o continentes pobres hacia países o continentes ricos. O, al menos, más ricos que los de origen.

Los motivos por los que prácticamente un continente entero, Africa, con unos recursos naturales más que importantes, se encuentra sin embargo en la situación apocalíptica y dantesca en la que está exigiría, sin duda, mucho más que una sesión parlamentaria. Para empezar, nos obligaría a una reflexión sobre el papel y la herencia dejada por los europeos en las que fueron colonias y “protectorados” del viejo continente en siglos pasados.

El secretario general de Naciones Unidas expresó muy bien lo que me gustaría dejar claro en primer lugar. Dijo Kofi Annan que: “el problema de la inmigración irregular no se resuelve con arrestos, sino con derechos humanos. Empezando por una movilización general a favor de la ayuda que desde hace más de cuarenta años se viene escamoteando a los países más necesitados”.

Paradójicamente, casi todos los gobiernos de los países más desarrollados coinciden en que los procesos migratorios no son malos en sí mismos. Incluso, en determinados momentos de la Historia, han sido muy necesarios, fundamentales, para el desarrollo de algunas sociedades. Pero no es menos cierto que para que esos desplazamientos sean positivos tanto para los países emisores como para los receptores tienen que ser ordenados, regulados y dilatados en el tiempo.
Es necesario garantizar que la sociedad que recibe a los inmigrantes pueda acogerlos e integrarlos de forma digna, laboral y socialmente. Por eso defendemos la existencia y estricta aplicación de cupos razonables y regulados para los inmigrantes que llegan por puertos y aeropuertos, que es una vertiente del problema. Y por eso exigimos una política decidida para acabar con la que llega en cayucos y pateras de forma lamentable, que es una segunda vertiente mucho más trágica.

Tenemos fundadas razones para insistir en un tratamiento específico sobre la inmigración irregular en Canarias.

La primera –y me voy a detener sólo un minuto en ella, porque no es el tema específico de esta sesión-, es que en Canarias el incremento de población que provoca la inmigración irregular que llega a través de puertos y aeropuertos está provocando una elevada presión social, afectando al suelo y al medio ambiente y dificultando la sostenibilidad de servicios públicos como la sanidad, la educación, etcétera. Y eso lo llevamos mucho tiempo denunciando ante los sucesivos gobiernos de la Nación. Y seguiremos reclamando que cuando se elaboren los presupuestos del Estado se haga teniendo en cuenta a la población de hecho que efectivamente vive en las Islas.

La segunda, que ese incremento de población en España, pero sobre todo en Canarias, debe regularse de manera eficaz, eficiente y asimilable a través de cupos legales. Porque un territorio archipielágico y reducido como el nuestro, no puede asimilar –como lo estamos haciendo- más de un cuarto de millón de personas en cinco años. Canarias no es un territorio abierto que pueda canalizar de forma natural esos flujos de personas. Y si éstos, además, se producen a través de puertos y aeropuertos (sobre los que no tenemos competencias), el control y el margen de maniobra sobre ellos por parte de la Comunidad Autónoma es nulo.

La tercera razón es, sin duda, la más dramática y la que hoy ocupa esta sesión parlamentaria. Porque la cara más amarga de la inmigración irregular que recibe el Archipiélago es la de aquellos que pretenden llegar a Europa utilizando la puerta canaria a bordo de frágiles embarcaciones que en muchos casos no aguantan esa larga y dura travesía. El viento de la tragedia está soplando hacia Canarias.

Me gustaría dejar claro que mi objetivo no es iniciar un debate en el que nos tiremos las culpas por encima de los escaños. Ni aquí, ni con el Gobierno central, ni con el europeo. Cada cual debe asumir la cuota de responsabilidad que le corresponde (y serán los ciudadanos y la historia los que juzguen). Pero sí es cierto que Canarias, señorías, no sólo está asumiendo esa cuota, sino que está superándola con creces.

No estoy hoy aquí para decir que no podemos hacer nada. Porque lo estamos haciendo. Empezamos a hacerlo hace años, anticipándonos a los acontecimientos.

Estoy aquí, señorías, para decir que los medios que emplea el Estado en Canarias no son suficientes, aunque los que están se dejen la piel en su trabajo. Estoy aquí para decir que faltan medios materiales y humanos. Que falta una política efectiva hacia Canarias y hacia Africa. Del Estado y de Europa.

Y que lo que sí podemos -y debemos- hacer en Canarias, todos, es alzar la voz para que nos oigan en Madrid y Bruselas, reclamando colaboración, esfuerzo y una mayor implicación para buscar una salida a corto, a medio y a largo plazo. Estoy aquí para decir que, como siempre, Canarias colaborará con cuantas acciones se emprendan. Es más –y seguiremos así en el futuro- hemos tomado la iniciativa sin esperar por los que realmente tienen más medios, más capacidad y todas las competencias para hacerlo:

Fuimos a hablar con tres comisarios europeos con competencias en la materia y hemos visitado Mauritania, Senegal y Cabo Verde para atajar este problema, incluso antes de que lo hicieran las autoridades nacionales. Hemos propuesto la modificación de la Ley de Extranjería, la modificación de la Ley del Menor, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal. Hemos –seguimos haciéndolo todos los días- atendido sanitariamente a todos los inmigrantes que llegan a Canarias de forma irregular y necesitan de nuestros servicios. Hemos empleado recursos propios, como los de Emergencia, el 1-1-2 y los centros de urgencias canarios. Hemos pedido participar en todos los órganos conjuntos que el Estado ha ido proponiendo, muchos de los cuales por cierto no han llegado a ver la luz.

Hemos mantenido reuniones con autoridades de la Unión Europea y de todos aquellos países emisores o de tránsito de inmigrantes irregulares (Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Marruecos). Llevamos años pidiendo una política más restrictiva de empadronamiento, o, al menos, que los padrones municipales permitan conocer la situación jurídica de los residentes en el municipio. Llevamos años pidiendo más rigor en el control de movimientos de personas extracomunitarias que llegan a Canarias a través de los aeropuertos. Hemos pedido que se reúna un gabinete de crisis del Gobierno central durante el mes de agosto para tratar una situación que ya es insostenible.

Hemos pedido una mayor presencia diplomática de España en Africa, tanto cuando gobernaba el PP como ahora con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Hemos pedido un incremento del presupuesto destinado a Africa por el Estado, antes y ahora.

Hemos solicitado el despliegue de efectivos civiles y militares para disuadir a los traficantes de seres humanos de que sigan embarcando en pateras y cayucos a miles de desesperados. Hemos pedido una mayor coordinación de los medios empleados en la vigilancia de costas. Sin embargo, cuatro ministerios siguen teniendo competencias en esa vigilancia, con los problemas que de ello se puede derivar. Me gustaría resaltar que la primera medida adoptada por el Grupo de Trabajo de Plataforma Logística creado en 2005 fue el refuerzo de la vigilancia de las aguas y costas de Canarias. Solicitamos igualmente que el Estado desarrollara un sistema de información o inteligencia en los países de origen de la inmigración irregular que permitiera adelantarnos a los acontecimientos.

Estamos acogiendo a casi el triple de menores de los que estamos capacitados para acoger. Hemos pedido reiteradamente que el Estado cumpla con su obligación de procurar el reagrupamiento familiar y que –hasta entonces- promueva la corresponsabiliad del resto de comunidades para redistribuir a los menores inmigrantes. Hemos pedido muchas veces que se haga cargo de esos menores, porque es el Estado y no las comunidades autónomas el responsable último de su cuidado y nosotros no podemos hacerlo con las debidas garantías para ellos. Incluso, sin ser nuestra responsabilidad, hemos ido a países africanos como Senegal para plantear el problema de los menores inmigrantes y tratar de dar una respuesta a esta grave situación.

Hemos pedido que la Unión Europea dé a Canarias, como frontera sur, el mismo tratamiento de protección que ya dispensa a otras zonas del Mediterráneo. Hemos incrementado los recursos destinados a la integración de los inmigrantes, a su atención sanitaria, a su educación. Hemos luchado –y conseguido- que la Casa de Africa se establezca en Canarias como un organismo en contacto directo con la realidad del continente vecino. No hace falta recordar que fue en 1998 cuando creamos una dirección general de Africa, por primera vez en la historia del Archipiélago, dependiente entonces de la Vicepresidencia y ahora de la Presidencia. Y que, a partir de ahí, hemos aumentado exponencialmente los recursos destinados a cooperación internacional y, específicamente, el presupuesto destinado a las relaciones de Canarias con Africa.

De hecho, desde el año 99 la política exterior canaria ha incrementado su peso específico y sus acciones tanto en Africa como en América. Por el contrario, las políticas española y europea, sobre todo con respecto a Africa, se han quedado raquíticas para afrontar la verdadera dimensión de la realidad y la problemática del vecino continente. Lo cierto es que desde hace veinticinco años la política española con respecto a Africa ha ido, siempre, por detrás y a remolque de los acontecimientos.

Señor presidente, señorías,

Canarias no puede por sí sola luchar contra esta desgracia, ni podemos con nuestros únicos recursos paliar sus efectos en nuestro propio territorio. Es una situación de emergencia. La complejidad y envergadura que ha alcanzado la inmigración irregular en Canarias exige un pacto de Estado entre todas las fuerzas parlamentarias que establezca una política seria y coherente con la dimensión del fenómeno.

Pero es más. En el año 2003 dije, textualmente: “Estamos convencidos de que la inmigración irregular es un problema trasnacional, que supera el ámbito español, afectando a la Unión Europea, y como tal debe ser afrontada. La Unión Europea tiene la responsabilidad de arbitrar medidas de contención y control, independientemente de las políticas que cada uno de los países deben a su vez poner en marcha dentro de su territorio”.

Pues bien. No sólo creemos necesario que cada uno de los Estados que conforman la Unión Europea arbitren medidas para luchar contra la inmigración irregular dentro de su propio espacio nacional. Y creemos que España puede hacer más de lo que está haciendo. Mucho más. En primer término, buscar alianzas –que no lo ha hecho- con los países europeos que más influencia tienen en esta zona de Africa: Francia, Reino Unido y Portugal.

Es necesario una apuesta clara del Estado para terminar con una situación que se puede desbordar. Es urgente que España articule un frente diplomático hacia Africa que contemple la cooperación al desarrollo, pero también la acción política para conseguir la implicación de los propios Estados africanos en la lucha contra esa inmigración descontrolada. Y es urgente también una acción política clara para afrontar el fenómeno de la inmigración irregular sin esperar a que sea el Gobierno de Canarias o los acontecimientos los que vayan marcando el paso de las medidas que se arbitren. Hay que preparar y disponer de respuestas a todos los escenarios posibles, porque lo cierto es que la realidad ha sido siempre peor de lo que los sucesivos gobiernos de España han venido previendo a lo largo de los años.

Pero además, defendemos un Pacto Europeo sobre Inmigración Irregular que contemple la coordinación y establecimiento de medidas conjuntas de toda la Unión para afrontar un problema que supera los límites estrictos de los Estados europeos. Y reclamamos que la Unión Europea contemple la ultraperiferia del Archipiélago de Canarias también en materia de inmigración irregular. Porque así como Europa ha reconocido que territorios alejados y fragmentados necesitan de medidas que compensen esa desventaja con respecto a los territorios continentales en aspectos como el transporte o el comercio, no cabe duda de que la insularidad y la lejanía son los dos factores que convierten los efectos de la inmigración irregular en Canarias en un embalse a punto de reventar. Independientemente del drama humano que de por sí ya representa, sus efectos pueden ser devastadores para nuestros servicios públicos y nuestra economía, incluido el turismo.

Creemos que ése y no otro es el camino. Seguir trabajando en Canarias para ofrecer la ayuda a la que todo ser humano tiene derecho. Con nuestros medios, y más allá. Pero no nos circunscribirnos a eso, a pesar de que es a lo único que estamos autorizados. Seguiremos buscando soluciones, tomando iniciativas, proponiendo acciones conjuntas, movilizando conciencias, apelando a la responsabilidad del Estado y de la Unión Europea, a los deberes de cada uno, a la cooperación con Africa..

Aún siendo conscientes de que no es una competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y de que, en consecuencia, no contamos ni con los instrumentos políticos, ni con los medios materiales o humanos para afrontarlos. Aún siendo conscientes de ello, seguiremos actuando por responsabilidad, por humanidad y porque es una de la mayores preocupaciones de la sociedad y del pueblo de Canarias.

Seguiremos reclamando un pacto de Estado y un pacto Europeo en el que se impliquen todas las fuerzas políticas y todos los países de la Unión para alcanzar una gestión diplomática, una política conjunta, coordinada y efectiva en la lucha contra las mafias que trafican con los inmigrantes, en la vigilancia de nuestras costas, en la distribución de inmigrantes irregulares, en su repatriación, en el reagrupamiento de los menores con sus familias, en la inversión para el desarrollo de los países del Tercer Mundo.

El escenario en el que nos movemos es muy grave. Y sabemos que si no se actúa ya, si no se buscan soluciones a corto, medio y largo plazo, el riesgo que corremos es muy grande. No podemos permitirnos ni perder tiempo, ni distraer esfuerzos en disputas inútiles, estériles y partidistas.

Canarias siempre ha sabido estar a la altura de lo que la historia –y los ciudadanos de Canarias- exigían cuando lo que ha estado en juego es nuestro futuro. Hemos logrado el consenso en esta Cámara en todos los grandes asuntos de Estado o en las grandes disyuntivas europeas a las que nos hemos tenido que enfrentar. En el caso de la inmigración irregular en el Archipiélago –tanto de la que llega por aeropuertos con visados que se incumplen, afectando a la sostenibilidad del sistema, como de la que llega por pateras y cayucos, desbordando nuestra capacidad de asistencia, nuestros centros de acogida y nuestras posibilidades de ayuda- esa unidad es más necesaria si cabe.

Desde la descolonización del Sáhara, no ha existido una política española sobre el Africa subsahariana: la cooperación al desarrollo ha sido mínima y la acción diplomática nula. De lo que se trata, señorías, es de que Canarias contribuya con el Estado -en la medida de nuestras posibilidades- a recuperar el tiempo perdido. Desde la unidad, desde el consenso, desde la responsabilidad y el compromiso con nuestro pueblo.

Porque los hechos vienen demostrando día tras día que no estamos preparados para un escenario de riesgo más intenso que el actual.

No es ahora cuestión de mirar al pasado para el reproche mutuo. Sino de mirar al futuro para armar conjuntamente medidas razonables que encaucen el problemas. Y en este sentido, me gustaría escuchar sus propuestas, las de todos los grupos parlamentarios, antes de insistir nuevamente en todas las que hemos venido planteando en los últimos meses.

Muchas gracias